El Mar Mediterráneo, un cementerio que deja en evidencia a la Unión Europea
Es inadmisible que la Unión Europea haya puesto fin al apoyo marítimo de la Operación Sophia, que desde 2015 ha tenido como objetivo luchar contra el tráfico de personas y la migración irregular. A partir de este mes de abril se ha terminado con la cobertura marítima a una operación que ha ayudado a rescatar a más de 45.000 personas en el Mar Mediterráneo en 4 años. Ahora la capacidad de rescate se reduce a la vigilancia aérea, por lo que se convierte en una operación sin buques, y a la coordinación con la Guardia Costera de Libia, país conocido por la sistemática violación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran allí detenidas.
Los gobiernos europeos han ido reduciendo su voluntad de solucionar el drama humanitario a la par que avanzan las posiciones políticas de extrema derecha en los Estados: tras la Operación Mare Nostrum, que rescató a alrededor de 100.000 personas en el Mediterráneo, emerge la Operación Tritón, más centrada en la captura de traficantes que en el rescate de migrantes; posteriormente, llegaría la Operación Sophia, con el mismo objetivo que Tritón. No obstante, y a pesar de ser misiones de carácter militar, teniendo una función centrada en la lucha contra la migración irregular, sus barcos han rescatado a miles de personas.
El triunfo de los populismos en Italia, pretendiendo asociar estas operaciones de asistencia humanitaria a una especie de ejercicio de buenismo, ha propiciado que la Operación Sophia se quede sin barcos, por lo que la hace inviable en los seis meses que le quedan de vigencia, a pesar del apoyo de gobiernos como España y Francia. La negativa de Italia para autorizar el desembarco de las personas rescatadas por diferentes buques en sus costas, anula la capacidad de rescate de la operación en el Mediterráneo.
La externalización de las obligaciones europeas en favor de la cooperación y entrenamiento de la Guardia Costera de un país como Libia cuestiona el compromiso de la propia Unión con sus valores de respeto a la dignidad humana y en favor de los derechos humanos recogidos en el Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Europa cede la vigilancia de sus valores y principios a un Estado fallido, un lugar en el que “las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo son sometidas de manera generalizada a graves abusos y violaciones de derechos humanos por funcionarios de centros de detención, la Guardia Costera libia, contrabandistas de personas y grupos armados”, tal y como denuncia Amnistía Internacional.[1]
Existen, además, centros ilegales controlados por grupos armados delictivos como parte del negocio de tráfico de personas, donde, además de abusos, se venden personas como esclavas. Human Rights Watch también ha denunciado[2] la práctica de la Unión de entrenar y equipar a la Guardia Costera libia para prevenir la llegada de personas migrantes a las costas europeas, manifestando que las condiciones inhumanas en las que se encuentran las personas migrantes que son interceptadas en el mar, a su llegada a los centros de detención incluyen abusos, y que aquellas que se encuentran en manos de traficantes sufren violaciones sexuales grupales, torturas hasta la muerte, y otras agresiones, sin que exista intervención o protección por parte de las débiles fuerzas del orden libias.
Libia no es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y no cuenta con una legislación interna en materia de protección internacional. No existe, por tanto, asilo o refugio en dicho país. ACNUR afirma que no puede considerarse a Libia como un tercer país seguro con relación a la protección internacional, y manifiesta que tampoco puede entenderse que Libia es un lugar seguro a efectos del desembarco de buques de rescate conforme al derecho internacional marítimo.[3] Así lo considera también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien, en 2012 declaró que el retorno de personas migrantes a Libia les expuso a tratos prohibidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Las muertes de personas migrantes en la ruta central del Mar Mediterráneo donde se desarrolla la Operación Sophia se han reducido en números absolutos por la lógica de la reducción de llegadas (de 181.000 en 2016 a 23.300 en 2018), pero la proporción de personas muertas va en aumento, (2016: una de cada cuarenta; 2017: una de cada treinta y una; 2018: una de cada dieciséis; 2019: una de cada tres). Este es el resultado de ceder a la extrema derecha la hoja de ruta en materia de política migratoria.
La falta de una respuesta coordinada, uniforme, y a largo plazo, basada en el principio de solidaridad y protección de los derechos humanos, está convirtiendo al Mar Mediterráneo en un cementerio, dejando en evidencia a la Unión Europea y a sus Estados miembros.
Ignacio Hernández.
Departamento de Alianzas, Incidencia e Internacional de Fundación Cepaim.
[1] Amnistía Internacional, Amnistía Internacional: Informe 2017/2018, La situación de los derechos humanos en el mundo, febrero 2018, disponible en: https://bit.ly/2ODQq4U [Consultado el 2 de abril de 2019].
[2] Human Rights Watch (HRW), Lybia, Events of 2018, disponible en: https://bit.ly/2WGhWBG [Consultado el 2 de abril de 2019].
[3] UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Position on Returns to Libya - Update II, septiembre de 2018, disponible en: https://bit.ly/2XbNgcl [Consultado el 2 de abril de 2019].