El Consejo de Europa denuncia el incumplimiento sistemático del derecho a una vivienda asequible - Revista XDS

El Consejo de Europa considera que la crisis de vivienda actual se intensificará y generará mayor desigualdad, exclusión social y residencial, y una mayor segregación si los gobiernos europeos no toman las medidas necesarias para remediarlo.

 El Comité Europeo de Derechos Sociales entiende que una vivienda es asequible si la unidad doméstica puede permitirse económicamente, en el largo plazo, el pago de los costes iniciales, el alquiler u otros relacionados, como los de suministro, y a la vez mantener unas condiciones de vida básicas. Hoy, la escasez de vivienda y el aumento de su precio, que en la mayoría de los países sobrepasa al de los salarios, está generando una crisis que afecta sobremanera a las personas en exclusión social y que viven en condiciones de pobreza; también se están viendo afectadas de manera desproporcionada las personas migrantes, las jóvenes, las mujeres, las familias y menores.

El Consejo de Europa entiende que no existe una única fórmula para abordar este asunto, pero denuncia que la respuesta estatal ha sido la de derivar la responsabilidad a las autoridades locales, al sector privado, a las asociaciones de vivienda y a organizaciones sin ánimo de lucro, o la de emplear un enfoque punitivo en un intento equivocado de trasladar el problema fuera del escrutinio público. Asimismo, las legislaciones vigentes para la protección de inquilinos de vivienda no ofrecen las garantías suficientes ante el significativo aumento de desahucios desde 2008.

Los informes anuales de 2017 y 2018 de FEANTSA y Fondation Abbé Pierre observaron un aumento del sinhogarismo en todos los países de la UE y del Espacio Económico Europeo, salvo en Finlandia y en Noruega, Estados que implementaron estrategias de cooperación entre las autoridades estatales, locales y agentes locales, a largo plazo, para tratar la falta de hogar como una vulneración de los derechos humanos.

Por su parte, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada, Leilani Farha, señaló en su informe de enero de 2018 que “[n]os encontramos en un momento crítico. En todo el mundo, las condiciones de vivienda son sumamente difíciles. El problema de la falta de hogar va en aumento, incluso en los países prósperos; no han cesado los desalojos forzosos (…) y la vivienda en muchas ciudades es simplemente inasequible, incluso para la clase media”.

El Consejo de Europa considera que las obligaciones estatales con respecto a la realización completa del derecho a una vivienda van más allá del ofrecimiento de ayuda de emergencia e individual. Se requiere un compromiso político real para adoptar medidas a largo plazo, sostenibles e inclusivas porque la vivienda no es una mercancía, sino un derecho humano; y, como tal, debe ser priorizado en la agenda política europea.

En concreto, esta institución insta a sus Estados miembros a:

• Ratificar la Carta Social Europea revisada y aceptar su artículo 31 sobre el derecho a la vivienda (hasta la fecha, solo 34 Estados se han adherido, y solo 10 han admitido dicho precepto).
• Implementar planes nacionales de vivienda sostenibles con objetivos claros para eliminar el sinhogarismo.
• Invertir en vivienda social y asequible para abordar el excesivo coste de la vivienda actual.
• Adoptar medidas a largo plazo para prevenir y eliminar el sinhogarismo, principalmente entre menores y otros colectivos desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad.

Artículo publicado en el número 11 de la Revista Por Derechos XDS realizada por el Departamento de Alianzas, Incidencia e Internacional de Fundación Cepaim disponible en nuestra Biblioteca.