Fundación Cepaim, PICUM y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València han celebrado una jornada para debatir alternativas al internamiento de personas migrantes en España en la que se han destacado alternativas como personarse de manera periódica en comisaría o la retirada y custodia del pasaporte frente al coste que supone, tanto en derechos como económico, la creación y mantenimiento de los CIEs.
València, 30 de octubre de 2019.
El Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universitat de València ha acogido hoy, 30 de octubre, a diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil,administración pública, profesionales del derecho, alumnado y personas interesadas en el campo de los derechos humanos y la migración.
Este encuentro sobre la situación legal y práctica del internamiento de personas migrantes en España, ha sido presentado por D. Francisco Javier Palao, Decano de la Facultat de Dret de la Universitat de València; que ha contado con la participación de Dña. Mónica Oltra, Vicepresidenta del Consell y Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusive de la Generalitat Valenciana, quien ha destacado el compromiso del Gobierno valenciano con las personas inmigrantes para mejorar, junto al Gobierno Estatal, la situación de las personas que se encuentran actualmente internadas en los CIEs para ofrecer alternativas inmediatas a su privación de libertad.
Por su parte, Dña. Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universitat de València y miembro del Instituto de Derechos Humanos, junto a D. Juan Antonio Segura Lucas, Director General de Fundación Cepaim; y Dña. Marta Gionco, responsable de incidencia de política migratoria, internamiento y retorno de PICUM, han hecho hincapié en que las personas inmigrantes no han cometido ningún delito por el hecho de entrar en España de forma irregular. Destacando que es una simple falta administrativa y que la legislación actual solo contempla su internamiento como último recurso.
La primera sesión ha abordado el estado de la cuestión del internamiento y sus alternativas en el ámbito internacional. En el que han participado Dña. Milica Vesovic, abogada en el Departamento de Política y Derechos Humanos del Consejo de Europa y D. Tamás Molnar, agente de investigación legal en la Unidad de Investigación y Estadística de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), quienes han señalado que mientras que el internamiento de migrantes se basa en el simple control de la migración, se demuestra que medidas alternativas basadas en la confianza son más efectivas y mejoran el bienestar de las personas migrantes.
Posteriormente, se ha dado paso a la sesión referida a la práctica del internamiento y posibles alternativas, con las ponencias de Dña. Mariana Yñurrigarro Bonta, abogada de Fundación Cepaim, y de Dña. Ana Bosch Nocia, abogada de Pueblos Unidos. En concreto, Mariana ha expuesto la situación de las personas inmigrantes que no pueden ser repatriadas por falta de acuerdos con el país de origen o por otras causas, dando la opción, por tanto, de documentarlas como alternativa a su internamiento. Ana, por su parte, ha querido destacar que la propia Fiscalia General del Estado dice que hay que reflexionar sobre los CIE, cuestionando así su vigencia actual.
La jornada matutina ha terminado con las ponencias de organizaciones parte de la Red Europea de Alternativas al Internamiento (European Alternatives to Detention Network). Dña. Jem Stevens, Coordinadora Regional en Europa de International Detention Coalition, y Dña. Diana Daskalova, fundadora de Center for Legal Aid – Voice en Bulgaria medidas como la presencia periódica en las comisarías o la retirada y custodia del pasaporte se presentan como buenas prácticas más eficaces que los CIEs.
La jornada ha finalizado con un taller donde se ha debatido la implementación de estas alternativas en España. Las conclusiones finales a las que se ha llegado tras la jornada muestran que son más eficaces las alternativas expuestas que los CIEs. Por tanto, son estas alternativas más eficaces y económicas que la inversión que supone la creación y mantenimiento de los Centros de Internamiento de Personas Extranjeras, además de ser más respetuosas con los derechos humanos.