La propuesta de Reglamento de Retorno de la Unión Europea se presenta como un intento de consolidar un sistema migratorio basado en la externalización, la precarización de derechos y una lógica de securitización alejada de los principios inspiradores y fundacionales de la propia UE.
En este sentido, lejos de quedar resueltos los problemas de fragmentación y de ineficacia de las políticas de retorno, la normativa profundiza las contradicciones entre el torticero discurso de la eficiencia y una realidad que prioriza la expulsión acelerada por sobre la protección de los derechos fundamentales.