La emergencia climática se ha convertido en una de las principales causas de desplazamiento forzado a nivel global. Sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos están obligando a millones de personas a abandonar sus hogares, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social y económica.
A pesar de esta realidad creciente, las personas desplazadas por causas climáticas siguen enfrentándose a un vacío jurídico. Los actuales sistemas de asilo y protección internacional no reconocen de forma explícita el clima como causa de huida, lo que deja en situaciones de desprotección, exclusión y mayor riesgo de vulneración de derechos.
La nota política analiza este escenario en el contexto de España y la Unión Europea, señalando la falta de coherencia entre las políticas climáticas, migratorias y de desarrollo. Aunque existen diagnósticos y compromisos internacionales, estos aún no se han traducido en mecanismos concretos de reconocimiento y protección efectivos.
El documento propone avanzar hacia un enfoque basado en derechos humanos y justicia climática, que reconozca tanto el derecho a migrar como el derecho a permanecer en condiciones de vida dignas. Asimismo, plantea la necesidad de desarrollar marcos jurídicos, indicadores y políticas públicas que sitúen a las personas afectadas por la emergencia climática en el centro de la acción institucional.