‘Refugio por derecho Madrid’ reclama más políticas para mejorar la acogida de refugiados en la Comunidad de Madrid

Año tras año, el número de personas con necesidad de refugio aumenta, llegando a los casi 100 millones, personas que huyen de conflictos armados, de la violencia de género, de las persecuciones por razones de sexo, étnicas, políticas, religiosas, de orientación sexual, identidad y/o expresión de género, de matrimonios forzados, de la mutilación genital femenina, de desplazamientos forzados por motivos medioambientales, entre otras causas. Sin embargo, cada año disminuye el porcentaje de personas que consiguen solicitar la protección internacional.

Las entidades de ‘Refugio por derecho Madrid’, entre ellas Fundación Cepaim, procedieron este 20 de junio a la lectura del manifiesto y registro de una carta a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que se hace un llamamiento urgente a la responsabilidad para que desarrolle políticas que faciliten la acogida de las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional y garantistas de sus derechos.

En España solo se concedió un 10,5% de protecciones del total de solicitudes resueltas en 2021, una cifra que se encuentra aún alejada de la media europea del 35%, según datos de la Agencia de Asilo de la UE. Por lo que, la mayoría de las personas refugiadas sobreviven sin tener asegurada la cobertura de sus necesidades más básicas, en países donde no pueden ejercer su derecho a pedir la protección internacional.

En el marco de esta reacción a la emergencia de la Unión Europea, España ha demostrado que sus administraciones, tanto del ámbito estatal, como autonómico y local, cuando existe voluntad política, son capaces de organizarse y cooperar para dar una respuesta adecuada ante la necesidad de una parte de las personas refugiadas que están llegando a nuestro país.

Esto siempre que logren llegar a un país seguro como el nuestro, no podemos obviar los enormes obstáculos que encuentran las personas para solicitar asilo de forma legal y segura. El año pasado, cerca de 42.000 personas tuvieron que arriesgar sus vidas en el mar para llegar a nuestro país. Al menos 1.560 personas perdieron la vida en el intento, la gran mayoría de ellas en la peligrosísima ruta atlántica que registró un récord de muertes.

Si bien el Estado es responsable de la tramitación de las solicitudes de asilo, todos los poderes públicos deben coordinarse y promover la plena integración de las personas extranjeras en la sociedad. Son precisamente las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias en los ámbitos sanitario, educativo y social, quienes deben gestionar los servicios y programas específicamente destinados a las personas solicitantes de asilo, en coordinación y cooperación con la Administración General del Estado y dotar de los recursos humanos y económicos necesarios a la red de municipios, para que éstos puedan realizar una óptima acogida de las personas refugiadas y migrantes.

El conjunto de entidades, organizaciones, sindicatos y colectivos de la sociedad civil organizada abajo firmantes nos unimos, un año más, en este 20 de junio con el objetivo de reclamar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que desarrolle, dentro de su ámbito competencial, políticas para mejorar las condiciones de acogida de todas las personas refugiadas y migrantes. La respuesta que las diferentes administraciones, dentro de su marco competencial, están ofreciendo a los miles de personas que están llegando a nuestro país desplazadas forzosamente de Ucrania, sirve de ejemplo para mostrar que, con voluntad política, es posible facilitar los procesos de acogida e inclusión, y nos reafirma en nuestro convencimiento de que una sociedad más acogedora es posible.

Hace tiempo que venimos reclamando el desarrollo de un Plan Integral de Acogida que garantice el acceso a los servicios públicos y vele por una inclusión más real y efectiva de las personas solicitantes de protección que residen en nuestra comunidad. Por ello, instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin responder a colores políticos ni ideas partidistas, sino con el firme compromiso que cualquier gobierno democrático presta en favor de la defensa de los derechos humanos y la dignidad de su ciudadanía, a hacer extensible a todas las personas refugiadas que llegan a nuestra comunidad, iniciativas practicadas recientemente como el “Plan de integración para personas desplazadas” que facilitan el acceso a gestiones como la tramitación de la tarjeta sanitaria, el abono transporte o la escolarización, entre otros servicios, eliminando así las barreras burocráticas y el retraso en el acceso a estos servicios básicos que normalmente padecen las personas refugiadas.

Son muchas las medidas que hemos propuesto en reiteradas ocasiones, dentro del ámbito de las competencias autonómicas, urgen poner en marcha para que Madrid sea realmente una Comunidad acogedora, donde todas sus ciudadanas y ciudadanos puedan vivir con dignidad.
Una comunidad donde sea realidad, y no papel mojado, que las personas migrantes y refugiadas puedan acceder a los recursos básicos que les corresponden por derecho, como la asistencia sanitaria, el acceso a servicios sociales, el empleo, la educación o la vivienda.

Desde el espacio Refugio por Derecho Madrid, celebramos el anuncio de la decisión de la UE de activar, el 3 de marzo de 2022, la Directiva Europea sobre Protección Temporal, para dar respuesta a la emergencia generada por el conflicto de Ucrania. Una medida que desde hace mucho tiempo, las entidades que trabajamos con el colectivo venimos reclamando. Del mismo modo, valoramos de forma positiva la agilización de los trámites administrativos para el acceso a los recursos que garantizan los derechos de estas personas, tanto a nivel de la administración central, como autonómica.

Por lo que las entidades, organizaciones sociales y sindicatos hoy aquí presentes, 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, reclamamos que esta situación pueda ser trasladada cuanto antes a todos los colectivos de personas refugiadas que llegan hasta nuestra comunidad autónoma.