Ceuta: cuando proteger vidas es proteger la convivencia

Desde CONVIVE Fundación Cepaim reclamamos una respuesta humanitaria, coordinada y respetuosa con los derechos humanos ante los recientes acontecimientos ocurridos en Ceuta. La vida de las personas migrantes y refugiadas no puede nunca convertirse en un instrumento de presión o agitación política.

Desde CONVIVE Fundación Cepaim expresamos nuestra profunda preocupación ante los acontecimientos vividos durante las últimas horas en Ceuta y, especialmente, ante la pérdida de vidas humanas en el mar. Trasladamos nuestras condolencias y solidaridad a las familias y personas allegadas de quienes han fallecido, así como nuestro apoyo a todas las personas heridas, rescatadas o que permanecen en una situación de extrema vulnerabilidad.

Reconocemos el esfuerzo de los Servicios de Emergencia, Salvamento Marítimo, Administración Pública, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales del sistema de acogida y organizaciones sociales trabajando sobre el terreno en unas condiciones de especial dificultad.

Lo ocurrido no puede reducirse a cifras, imágenes impactantes ni consignas políticas. Detrás de cada llegada hay una persona, un nombre, una historia y una vida que debe ser protegida. Nos solidarizamos, además, con una ciudad autónoma que afronta una situación extraordinaria en su capacidad de respuesta. Reconocer y atender las necesidades de la población ceutí es plenamente compatible con garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de quienes llegan.

Las vidas de las personas migrantes no pueden ser utilizadas como instrumentos de presión

Los acontecimientos vividos en Ceuta vuelven a mostrar las consecuencias de la política de externalización de fronteras así como de utilizar los movimientos migratorios como mecanismos de presión geopolítica.

Cuando las personas son empujadas hacia rutas que ponen en peligro su vida e integridad, dejan de ser tratadas como sujetos de derechos y se convierten en piezas de una confrontación política que no han elegido. Esta instrumentalización resulta incompatible con el derecho internacional, con los valores democráticos que han de regir nuestra sociedad, así como con la obligación de proteger la vida humana.

Esta instrumentación también ocurre cuando, dentro de nuestras sociedades, las personas migrantes y refugiadas son utilizadas como elemento de agitación política y social, como recurso electoral o como explicación simplificada de problemas sociales mucho más complejos.

La deshumanización, la difusión de bulos, la criminalización colectiva y la utilización partidista del sufrimiento humano no pueden normalizarse en el debate democrático. Las vidas de las personas migrantes no son ni deben ser moneda de cambio, material de campaña ni combustible para la polarización.

Una respuesta desde el Pacto Europeo de Migración y Asilo

Estos acontecimientos se producen semanas después de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Ceuta representa, por tanto, un desafío decisivo para comprobar cómo se trasladan a la práctica sus compromisos en materia de gestión fronteriza, protección de derechos, solidaridad y corresponsabilidad europea.

La aplicación del Pacto no puede reducirse al control fronterizo, al registro, a la clasificación acelerada de las personas o a la activación de procedimientos de retorno. Es en momentos como este donde el reciente Pacto ha de trasladarse a la práctica, garantizando condiciones dignas de acogida, asistencia jurídica e interpretación, identificación temprana de vulnerabilidades, protección de la infancia y acceso efectivo al procedimiento de protección internacional.

La respuesta a estos hechos tampoco puede descansar únicamente sobre Ceuta o sobre el Estado español. El Pacto incorpora mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad precisamente para evitar que los territorios situados en las fronteras exteriores afronten en solitario situaciones extraordinarias como la presente. La Unión Europea debe demostrar que la solidaridad constituye una obligación efectiva y operativa, y no solamente una declaración política.

Desde CONVIVE Fundación Cepaim advertimos, además, que reforzar la externalización de fronteras hacia terceros países, sin mecanismos suficientes de transparencia, supervisión y garantía de derechos, aumenta la dependencia política y facilita que las personas migrantes y refugiadas puedan ser utilizadas como instrumentos de presión.

En este contexto, recordamos también la reciente Sentencia 814/2026, de 29 de junio, del Tribunal Supremo, relativa a las personas interceptadas en el mar cuando intentan acceder a Ceuta o Melilla.

La sentencia establece que estas situaciones no pueden resolverse mediante el procedimiento excepcional de rechazo en frontera previsto para los intentos de superar los elementos físicos de contención. Debe aplicarse un procedimiento individualizado, con asistencia jurídica e interpretación, posibilidad efectiva de solicitar protección internacional y garantías de control judicial.

Esta resolución no impide la gestión de las fronteras ni la aplicación de la legislación de extranjería. Impide que una persona sea devuelta sin procedimiento y sin garantías. El cumplimiento de las resoluciones judiciales no constituye un obstáculo para la seguridad: es una exigencia fundamental del Estado de derecho.

Por ello, rechazamos cualquier intento de presentar la sentencia, los derechos fundamentales o el trabajo de las organizaciones sociales como responsables de lo sucedido. Atribuir las llegadas al reconocimiento de garantías jurídicas deforma la realidad y contribuye a un relato que enfrenta artificialmente derechos humanos y seguridad.

Una respuesta basada en derechos, convivencia y corresponsabilidad

Ante la gravedad de la situación, desde CONVIVE Fundación Cepaim reclamamos:

• Una respuesta humanitaria inmediata, coordinada entre todas las administraciones públicas involucradas y con una dotación de recursos suficiente para garantizar una acogida digna y proteger tanto a las personas llegadas como a la población ceutí.
• El refuerzo de las operaciones de búsqueda, rescate y atención sanitaria, así como la identificación de las personas fallecidas y la comunicación y entrega digna de sus cuerpos a sus familias.
• La aplicación de procedimientos individualizados con información accesible, asistencia jurídica, interpretación y acceso efectivo al derecho de asilo y al resto de las garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico.
• La identificación temprana de niños, niñas y adolescentes, posibles víctimas de trata, personas con discapacidad, supervivientes de violencia y otras personas en situación de especial vulnerabilidad mediante el procedimiento de triaje previsto en el Pacto.
• La activación efectiva de los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad territorial previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, evitando que Ceuta afronte en solitario esta situación.
• Una actuación firme frente a los delitos de odio, las amenazas, la desinformación y cualquier convocatoria dirigida a perseguir, señalar o agredir a personas migrantes.
• Responsabilidad por parte de todos los representantes políticos e institucionales, evitando expresiones que deshumanicen a las personas migrantes, difundan miedo o utilicen estas vidas con fines partidistas.
• Una cooperación con los países de origen y tránsito basada en los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas, y no exclusivamente en la contención y externalización de las fronteras.
• El desarrollo de vías legales y seguras, programas de movilidad regular y mecanismos de protección que eviten que el mar y las fronteras sigan convirtiéndose en espacios de sufrimiento y muerte.

Porque hablar de convivencia significa afrontar esta situación mediante corresponsabilidad, garantizando un enfoque de derechos humanos y sin permitir que el miedo decida quién merece ser dotado de derechos y, por ende, tratado como persona.

Seguridad, derechos humanos y convivencia no son objetivos enfrentados. Una sociedad es más segura e inclusiva cuando sus instituciones actúan con previsión, coordinación y respeto a la Ley.

Proteger vidas es proteger la democracia y la convivencia.