La presente Guía es resultado del trabajo en red realizado por 22 Clínicas Jurídicas de Universidades con el objetivo de ofrecer información y acompañamiento en los trámites jurídicos a las personas afectadas por la DANA de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía el 29 de octubre de 2024.
La elaboración de esta guía puso de manifiesto que los marcos jurídicos vigentes resultaron insuficientes para responder con eficacia a una emergencia de esta magnitud, evidenciando una inadaptación estructural a los escenarios de riesgo climático previstos por la comunidad científica. La experiencia mostró que la respuesta jurídica de emergencia requirió mecanismos de coordinación interinstitucional previos y ágiles: la guía fue posible gracias a la red preexistente de clínicas jurídicas y al encuentro de Logroño, que permitió articular en poco tiempo una acción conjunta. Se constató también que las personas afectadas necesitaron orientación jurídica multidisciplinar e integrada, ya que las consecuencias de una catástrofe no se circunscribieron a un solo ámbito del derecho. Asimismo, se comprobó que muchas de las ayudas públicas disponibles se activaron de forma automática, pero que el desconocimiento de la ciudadanía hizo necesaria una labor de comunicación y divulgación jurídica activa. Por último, la guía visibilizó colectivos especialmente vulnerables —migrantes, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar— cuya situación específica no siempre quedó bien cubierta por la normativa general de emergencia.
La guía abordó de forma conjunta y sistemática todos los ámbitos jurídicos afectados por la catástrofe —administrativo, civil, laboral, fiscal, penal y de extranjería—, algo inusual en los recursos de orientación jurídica de emergencia, que habitualmente se limitan a uno o pocos sectores del ordenamiento. Fue además el resultado de una colaboración coordinada entre 22 clínicas jurídicas de universidades españolas, articulada en poco tiempo a partir de una red preexistente, lo que constituyó una fórmula innovadora de movilización del conocimiento jurídico universitario difícilmente alcanzable por una institución actuando de forma aislada. Por último, su elaboración contó con la participación conjunta de estudiantes de Derecho, profesorado y profesionales de la abogacía, lo que permitió producir en un tiempo excepcionalmente breve un recurso riguroso y directamente aplicable, adaptado a las necesidades concretas surgidas de la DANA y demostrando que la comunidad académica jurídica puede
